Ley Nº 19.355 (Ley de Presupuesto)

Art. 243 a 248, 351 a 370 y 488 a 503. Relativos a la Dirección Nacional de Catastro.

Ley No. 19.355 (de 19 de diciembre de 2015)

Apruébase el Presupuesto Nacional Período 2015-2019.

PODER LEGISLATIVO

El Senado y la Cámara de Representantes de la República Oriental del Uruguay, reunidos en Asamblea General,

DECRETAN

INCISO 05
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Artículo 243.- Sustitúyese el artículo 280 de la Ley No. 12.804, de 30 de noviembre de 1960, en la redacción dada por el artículo 116 de la Ley No. 13.695, de 24 de octubre de 1968, recogido en el artículo 11 del TOT No. 1 del Texto Ordenado 1996, por el siguiente:

“ARTÍCULO 280. (Notificación).- La Dirección Nacional de Catastro notificará a los propietarios o poseedores del valor fijado a los respectivos inmuebles a los efectos de la liquidación de los tributos nacionales o departamentales que toman por base dicha determinación.

La notificación personal deberá estar precedida del emplazamiento para que dichos titulares concurran a notificarse a la oficina competente, bajo apercibimiento de tenérseles por notificados.

El emplazamiento se hará por el término de tres días y se publicará en el Diario Oficial y en otro diario de circulación nacional.

A partir del día inmediato siguiente al último del emplazamiento previsto en el inciso anterior, comenzará a correr un nuevo plazo de treinta días, vencido el cual, se tendrá por notificados a los titulares, pudiendo impugnar el valor real fijado al inmueble de acuerdo a lo dispuesto por la normativa vigente.

La fundamentación se hará de acuerdo a lo dispuesto por el artículo 80 del Código Tributario”.

Artículo 244.- La Dirección Nacional de Catastro, en oportunidad de inscribir planos de mensura que impliquen una mutación catastral, dejará constancia de las resultancias de la misma mediante entrega de la cédula catastral ampliada, expedida a los efectos de su agregación a los títulos de propiedad.

Derógase el artículo 252 del Decreto-Ley No. 14.189, de 30 de abril de 1974, en la redacción dada por el artículo 183 del Decreto-Ley No. 14.416, de 28 de agosto de 1975.

Artículo 245.- Sustitúyese el artículo 35 de la Ley No. 16.002, de 25 de noviembre de 1988, por el siguiente:

“ARTÍCULO 35.- Autorízase al Poder Ejecutivo a proceder a la enajenación a los respectivos arrendatarios y ocupantes existentes al 1º de enero de 2015, de la fracción que respectivamente ocupan en los siguientes inmuebles fiscales:

A) Padrón Nº 1111 y Padrón Nº 1118, ubicados en zona urbana del departamento de Colonia, localidad catastral Juan Lacaze.

B) Padrón Nº 7283, ubicado en zona rural, 14a. Sección Catastral, del departamento de Colonia.
C) Padrón Nº 1470, ubicado en zona rural, 1a. Sección Catastral, paraje conocido como Potrero del Pintado del departamento de Artigas.

D) Padrón Nº 792, ubicado en zona rural, 6a. Sección Catastral, paraje conocido como Pueblo Quintana del departamento de Salto.
El precio de venta será fijado por el Poder Ejecutivo con el asesoramiento de la Dirección Nacional de Catastro, en unidades indexadas y será pagadero en un plazo de hasta veinticinco años con un interés del 5% (cinco por ciento) anual.

Los adquirentes no podrán transferir los derechos adquiridos sobre el inmueble, ni darlo en arrendamiento, total o parcial, hasta haber cancelado su precio total.

El Escribano interviniente, dejará constancia en el instrumento respectivo, del conocimiento de la prohibición precedente por el adquirente.
La Administración podrá autorizar excepciones a esta prohibición en los casos siguientes:

1) Por razones de salud del adquirente del inmueble o de algún integrante del núcleo familiar.

2) Por razones de trabajo, cuando el adquirente del inmueble, su cónyuge o su concubino/a, sea destinado a desempeñar funciones o tareas, o inicie una actividad o tarea fuera de la localidad donde se encuentra ubicado el inmueble y deba permanecer fuera de ella.

3) Cuando cambios supervinientes en la integración del núcleo familiar tornen inadecuada la vivienda.

4) Por enajenación forzada.

5) Por cualquier otra causa justificable de entidad similar a las anteriores, a criterio de la Administración.

Las excepciones establecidas precedentemente, deberán ser probadas suficientemente ante la Administración”.

Artículo 246.- Autorízase al Poder Ejecutivo a enajenar a la Administración Nacional de Educación Pública, por título donación y modo tradición, la fracción que ocupan dependencias de la misma en parte del Padrón Nº 1111, ubicado en zona urbana del departamento de Colonia, localidad catastral Juan Lacaze.

Derógase la Ley No. 16.038, de 8 de mayo de 1989.

Artículo 247.- La Dirección Nacional de Catastro inscribirá los planos de mensura que serán usados en juicios de prescripción en el Registro Provisorio creado a tales efectos, habilitando su utilización como documento gráfico base en el juicio, no pudiendo considerarse registrados a otros fines que los indicados.

Solo podrán presentarse en un juicio de prescripción los planos realizados con tal fin.

La inscripción definitiva por la Dirección Nacional de Catastro, se realizará una vez que la sentencia de prescripción haya adquirido calidad de cosa juzgada.

En la sentencia definitiva que declara la prescripción, el Juzgado competente deberá comunicar a la Dirección Nacional de Catastro disponiendo la inscripción definitiva del plano de mensura.

En ocasión de la inscripción registral, deberá verificarse el cumplimiento de los extremos referidos en este artículo.

...

INCISO 10
MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PÚBLICAS

Artículo 351.- Sustitúyese el numeral 7) del artículo 58 de la Ley No. 16.871, de 28 de setiembre de 1997, por los siguientes:

“7) Cuando los Jueces otorguen de oficio escrituras de expropiación.
8) Cuando se otorguen escrituras de expropiación de bienes en régimen de propiedad horizontal.
9) Los demás casos que establezca la reglamentación”.

Artículo 352.- El Registro de la Propiedad, Sección Inmobiliaria, no exigirá el control dispuesto por el artículo 15 de la Ley No. 18.840, de 23 de noviembre de 2011, en los siguientes casos:

A) Trasmisión del dominio de inmuebles por expropiaciones efectuadas por el Estado o los Gobiernos Departamentales, ejecución forzada judicial o por el cumplimiento forzado establecido en la Ley No. 8.733, de 17 de junio de 1931, concordantes y modificativas, y por adjudicaciones o enajenaciones en cumplimiento de ejecuciones extrajudiciales del Banco Hipotecario del Uruguay y de la Agencia Nacional de Vivienda.

B) Enajenaciones de predios fiscales a personas físicas y jurídicas.

C) Primera enajenación de inmuebles resultantes del proceso de regularización de viviendas de interés social y asentamientos irregulares que realicen el Estado o los Gobiernos Departamentales.

D) En todas las escrituras judiciales.

Artículo 353.- Agrégase al artículo 283 de la Ley No. 19.149, de 24 de octubre de 2013, el siguiente inciso:

“En el caso de los planos de fraccionamiento de áreas que se hubiesen transferido de pleno derecho con anterioridad a la vigencia de la presente Ley, por aplicación del Decreto-Ley No. 14.530, de 12 de junio de 1976, en los cuales no se establezcan deslindes, espacios libres y otras de interés general, las Intendencias Departamentales podrán confeccionar e inscribir un plano de mensura de dichas áreas, consignando los deslindes y superficies respectivas, así como los datos geométricos y catastrales”.

Artículo 354.- Sustitúyese el artículo 15 de la Ley No. 3.958, de 28 de marzo de 1912, en la redacción dada por el artículo 278 de la Ley No. 17.296, de 21 de febrero de 2001, por el siguiente:

“ARTÍCULO 15.- En cada caso de expropiación, la autoridad respectiva mandará formar expediente y ordenará previamente el levantamiento de un gráfico parcelario de los inmuebles que se requieran para la obra proyectada, indicando departamento, número de padrón y el área afectada, a cargo de los funcionarios u oficinas técnicas de su dependencia.

Sin perjuicio del gráfico parcelario de la obra, en los casos de expropiaciones parciales de inmuebles deberá levantarse por separado un plano de mensura para expropiación, en el que se determinarán la parcela o parcelas a expropiarse, el cual será registrado en la Dirección Nacional de Catastro.

En los casos de expropiaciones totales, se podrá utilizar el último plano inscripto del inmueble a expropiar. Asimismo aquellos planos que se hubiesen levantado en oportunidad de iniciar el procedimiento expropiatorio de un inmueble, cuyo proceso haya caducado según lo establecido en el artículo 20 de la presente Ley, podrán ser utilizados en caso de reiniciarse el trámite expropiatorio.

Una vez confeccionado el anteproyecto y el gráfico parcelario a que refieren los incisos precedentes, se mandará poner de manifiesto por el término de ocho días notificándose a los propietarios, sin perjuicio del emplazamiento que se hará a través de edictos que se publicarán en el Diario Oficial y en otro periódico de circulación en el departamento de radicación del inmueble. De esos edictos se dejará constancia en el expediente correspondiente, agregándose las publicaciones de práctica.

Los propietarios de los inmuebles deberán denunciar en el acto de notificación o dentro de los ochos días siguientes, la existencia de personas que tengan derechos reales o personales consentidos por dichos propietarios con respecto a la cosa expropiada. El incumplimiento de esta obligación hará recaer la responsabilidad reparatoria sobre el propietario omiso en esta obligación.

En los casos de expropiación parcial de inmuebles bajo el régimen de propiedad horizontal se procederá de la siguiente manera:

A) Cuando se afecten bienes comunes se formará un expediente único por toda la fracción a expropiar del padrón matriz. Las notificaciones del trámite expropiatorio se harán a la copropiedad del edificio en la persona de su administrador o representante; en caso de que no lo hubiere se notificará a los propietarios de las unidades que integran la copropiedad.

B) Cuando se afecten unidades de propiedad individual, se iniciará expediente por cada una de las unidades afectadas, además del que corresponda por los bienes comunes afectados.

C) Con la escrituración a favor del organismo expropiante dichas fracciones quedarán desafectadas del régimen de propiedad horizontal.

En estos casos se podrá actuar con el plano de propiedad horizontal cuando esté deslindada la fracción afectada o en su defecto, con el plano de expropiación del padrón matriz.

D) Cuando la expropiación afecte solo bienes comunes, a los efectos registrales, la superficie afectada se considera desafectada del régimen de propiedad horizontal con la inscripción de la escritura pública o acta notarial respectiva.

E) Cuando la expropiación afecte la totalidad de las unidades individuales, el organismo expropiante podrá convertir el régimen de Propiedad Horizontal en propiedad ordinaria procediendo de acuerdo con lo establecido en el artículo 14 de la Ley No. 16.871, de 28 de setiembre de 1997, con excepción de lo indicado en el literal C) de dicho artículo. En caso de tratarse de un inmueble a ser incorporado al dominio público, tampoco corresponderá la aplicación de los literales D) y E) de dicho artículo.

F) Cuando la expropiación afecte una unidad individual, el organismo expropiante podrá demandar judicialmente el otorgamiento de la modificación del Reglamento de Copropiedad si correspondiere, en cuyo caso el Juez otorgará el instrumento por ante el escribano que designe el organismo expropiante. Para la desafectación de las unidades, se procederá de acuerdo a lo indicado en el artículo 15 de la Ley No. 16.871, de 28 de setiembre de 1997, con excepción de lo estipulado en el literal A) de dicho artículo.

El Plano de Remanente de Expropiación y Modificación de Propiedad Horizontal, podrá ser confeccionado por composición gráfica, no rigiendo la obligación de verificar la concordancia de los límites dispuesta por el artículo 286 de la Ley No. 12.804, de 30 de noviembre de 1960. Dicho plano servirá de base para modificación del Reglamento de Copropiedad”.

Artículo 355.- Sustitúyese el artículo 18 de la Ley No. 3.958, de 28 de marzo de 1912, en la redacción dada por el artículo 258 de la Ley No. 17.296, de 21 de febrero de 2001 y por el artículo 222 de la Ley No. 17.930, de 19 de diciembre de 2005, por el siguiente:

“ARTÍCULO 18.- Fijado con arreglo al artículo 16 el trazado definitivo de la obra, la Administración tasará con arreglo a la presente Ley y por medio de su personal técnico, los bienes sujetos a expropiación.

La tasación que así resulte será notificada a los propietarios o a sus representantes legales, quienes deberán manifestar, dentro del término de quince días, si la aceptan o no, so pena de lo establecido en el artículo 39, especificando lo que pretenden como indemnización, comprensiva del valor del inmueble y los daños y perjuicios que se ocasionen con expresión de fundamento. En caso de presentarse oposición a la indemnización, no serán incorporados al expediente administrativo tasaciones o informes, presentados por los propietarios, que se aparten de las disposiciones de la presente Ley y que no estén suscritos por egresados de instituciones de educación terciaria o técnica con formación en la materia avaluatoria. El plazo será de 30 días en el caso de menores e incapaces. El silencio se tendrá por aceptación.

En los casos de expropiaciones de bienes comunes de inmuebles bajo el régimen de propiedad horizontal, se notificará la tasación a la copropiedad, debiendo convocarse a la Asamblea de Copropietarios con ese orden del día, dentro del plazo de diez días. La Asamblea requerirá el voto de dos tercios del número total de copropietarios, que representen por lo menos tres cuartos del valor del inmueble fijado por la Dirección Nacional de Catastro para aceptar la tasación, lo que deberá comunicarse a la Administración dentro del término de veinte días contados a partir de la fecha de la Asamblea. La falta de comunicación implicará aceptación de la tasación.

Si no hubiera sido posible notificar al propietario o a su representante, ya sea por ausencia o por cualquier otra causa, o si notificado manifestase su disconformidad con la tasación, se dejará constancia en el expediente, que será remitido a la Oficina competente o funcionario que corresponda, a fin de que se inicie el respectivo juicio de expropiación.

En caso de aceptación expresa o tácita de la tasación, se procederá de inmediato a la escrituración de la expropiación y pago simultáneo de la indemnización. Si a pedido de la parte expropiada y de conformidad con el informe técnico del organismo expropiante, se debiera extender la fecha de entrega del inmueble, por causa justificada, se podrá suscribir un contrato de comodato simultáneamente al otorgamiento de la escritura de expropiación, hasta por un plazo máximo de ciento veinte días. En tal caso, en garantía de cumplimiento de las obligaciones contraídas por el expropiado, se retendrá del monto de la indemnización, la suma que la Administración estime conveniente para cada caso concreto, monto que se liberará al expropiado simultáneamente al vencimiento del Comodato y la entrega efectiva del inmueble”.

Artículo 356.- Sustitúyese el artículo 40 de la Ley No. 3.958, de 28 de marzo de 1912, por el siguiente:

“ARTÍCULO 40.- Los honorarios de los peritos designados en los procesos judiciales de expropiación se fijarán en el 1% (uno por ciento) del monto de la indemnización fijada por la Sede Judicial, estableciéndose un mínimo de 40 UR (cuarenta unidades reajustables) y hasta un máximo de 400 UR (cuatrocientas unidades reajustables)”.

Artículo 357.- Sustitúyese el artículo 25 de la Ley No. 3.958, de 28 de marzo de 1912, por el siguiente:

“ARTÍCULO 25.- No podrá recaer el nombramiento judicial de perito, en ningún empleado público o persona que reciba sueldo o emolumento del Estado, en el propietario, arrendatario o inquilino de los terrenos o edificios que deben expropiarse, en el acreedor, usufructuario o usuario del inmueble y en general, en ninguna persona que pueda ser justamente sospechada de tener interés directo o indirecto en favor del propietario. Los peritos que designe el Juzgado, deberán ser egresados de instituciones de educación terciaria o técnica con formación en la materia avaluatoria, su pericia deberá estar debidamente fundada; los peritos designados sólo podrán ser recusados hasta tres días después de su nombramiento.

Si la recusación fuere contradicha por el perito o peritos, a quienes se dará vista por igual término improrrogable, el Juez resolverá sin más trámite y de su resolución no habrá recurso alguno”.

Artículo 358.- Agrégase al artículo 114 de la Ley No. 15.167, de 6 de agosto de 1981, el siguiente inciso:

“Para los casos de las expropiaciones que se tramitan en vía judicial, los depósitos deberán ser realizados en unidades indexadas en el Banco de la República Oriental del Uruguay, en una cuenta que se abrirá a la orden del juzgado, la que no generará gastos administrativos”.

Artículo 359.- Agrégase al artículo 19 de la Ley No. 10.751, de 25 de junio de 1946, el siguiente literal:

“G) Comparecer en los casos que el inmueble se encuentre afectado por un procedimiento expropiatorio, en todas sus instancias, ante el organismo expropiante en representación de la copropiedad. A tales efectos deberá presentar testimonio notarial del acta de su nombramiento”.

Artículo 360.- Agrégase al artículo 4º de la Ley No. 13.899, de 6 de noviembre de 1970, en la redacción dada por los artículos 707 de la Ley No. 14.106, de 14 de marzo de 1973, 321 de la Ley No. 16.170, de 28 de diciembre de 1990 y 257 de la Ley No. 17.296, de 21 de febrero de 2001, el siguiente literal:

“C) Los planos remanentes de los inmuebles en régimen de propiedad horizontal, se rotularán con el nombre de “Plano Remanente de Expropiación y Modificación PH””.

Artículo 361.- Decláranse prescriptas a favor del Estado todas las áreas de terreno destinadas a rutas nacionales, que hubieran sido ocupadas de hecho y libradas al uso público con anterioridad al año 1985.

A efectos de identificar las áreas referidas en el inciso primero, se dictará en cada caso Resolución del Poder Ejecutivo, la que se inscribirá en el Registro de la Propiedad, Sección Inmobiliaria.

Cuando por la incorporación al dominio público de las áreas referidas en el inciso primero, se modifique el deslinde de predios que cuenten con plano de mensura inscripto de acuerdo a lo dispuesto en los literales A) y B) del artículo 4º de la Ley No. 13.899, de 6 de noviembre de 1970, en la redacción dada por los artículos 707 de la Ley No. 14.106, de 14 de marzo de 1973, 321 de la Ley No. 16.170, de 28 de diciembre de 1990 y 257 de la Ley No. 17.296, de 21 de febrero de 2001, se entregará por parte del Ministerio de Transporte y Obras Públicas plano de mensura del área remanente, a solicitud del propietario del inmueble afectado.

El mismo deberá hacer referencia a la Resolución mencionada en el inciso segundo de este artículo.

Artículo 362.- Sustitúyese el artículo 320 de la Ley No. 16.170, de 28 de diciembre de 1990, en la redacción dada por el artículo 223 de la Ley No. 17.930, de 19 de diciembre de 2005, por el siguiente:

“ARTÍCULO 320.- En caso de expropiaciones realizadas por el Ministerio de Transporte y Obras Públicas, si después de ejecutada la obra que dio origen a la expropiación quedaren superficies no aptas para el destino fijado en la declaración de utilidad pública, el Ministerio podrá enajenar a los particulares las mismas, teniendo prioridad en el siguiente orden: primero, el expropiado y segundo, los propietarios de los inmuebles linderos a éstas. A sus efectos se considerará su valor sobre la base de la tasación de las oficinas técnicas del Ministerio o del precio establecido en remate público.
Podrá procederse en igual forma cuando cambien las circunstancias de hecho que determinaron su destino y dichas tierras se tornen innecesarias para el Estado.

Una vez que por resolución del Poder Ejecutivo se autorice la enajenación al titular del derecho de prioridad, el mismo tendrá un plazo de treinta días contados a partir de la notificación de la resolución que la dispone, para presentarse y realizar la escritura de compraventa con el Estado. Cumplido dicho plazo perderá el derecho y la preferencia a adquirir el bien”.

Artículo 363.- Agrégase al artículo 40 de la Ley No. 19.210, de 29 de abril de 2014, el siguiente inciso:

“Este artículo no será de aplicación en los casos de enajenación de bienes inmuebles por vía de expropiación”.

Artículo 364.- En las enajenaciones de bienes inmuebles a favor del Estado por expropiación, incluso las que se realicen a título gratuito, no se requerirá escritura pública, documentándose por acta notarial la que se inscribirá en el Registro de la Propiedad correspondiente.

Deróganse el artículo 5º de la Ley No. 13.899, de 6 de noviembre de 1970 y el artículo 706 de la Ley No. 14.106, de 14 de marzo de 1973.

Artículo 365.- Sustitúyese el artículo 19 de la Ley No. 3.958, de 28 de marzo de 1912, por el siguiente:

“ARTÍCULO 19.- Los representantes de menores o incapaces podrán consentir la enajenación de los bienes de sus administrados a favor del Estado, aceptar o en su caso oponerse a la tasación que realice la Administración, no requiriéndose en ningún caso autorización judicial”.

Artículo 366.- Agréganse al artículo 85 de la Ley No. 16.462, de 11 de enero de 1994, los siguientes incisos:

“Se exceptúa de lo dispuesto en el presente artículo a los instrumentos relativos a arrendamientos, expropiación, compraventa, cesiones de áreas u otro negocio jurídico que refiera a predios o fracciones de estos, cuyo destino sea el uso público o privado del Estado.

En este caso, el escribano actuante deberá dejar constancia del destino en el instrumento a inscribir”.

Artículo 367.- Los planos de mensura que se confeccionen con motivo de expropiaciones, cualquiera sea su naturaleza, así como los de los inmuebles de dominio público, quedan exceptuados de lo dispuesto en el artículo 178 de la Ley No. 17.296, de 21 de febrero de 2001.

Artículo 368.- Agrégase al artículo 15 de la Ley No. 3.958, de 28 de marzo de 1912, en la redacción dada por el artículo 278 de la Ley No. 17.296, de 21 de febrero de 2001, el siguiente inciso:

“Podrá prescindirse de las publicaciones por medio de edictos si el propietario del bien designado para expropiar, al notificarse de la respectiva resolución, acredita fehacientemente mediante el título y la información registral correspondiente, la legitimación sobre el inmueble a expropiar y acepta en el mismo acto el monto de la indemnización a percibir. Esta actividad se consignará por acta que formará parte del expediente, a partir de la cual se dictará la resolución de expropiación y se otorgará la correspondiente escritura de enajenación”.

Artículo 369.- Desígnanse para expropiar por razones de utilidad pública dos fracciones de terreno ubicadas en la 4ª Sección Catastral, zona rural del departamento de Paysandú, señaladas en el plano parcelario del ingeniero agrimensor Umberto Curi Lara, de 5 de diciembre de 2011 (plano adjunto a la Resolución Nº 424 CM del Poder Ejecutivo reunido en Consejo de Ministros, de 21 de diciembre de 2011), cuyos números de padrones en mayor área son el 4980 (cuatro mil novecientos ochenta) y el 4983 (cuatro mil novecientos ochenta y tres), declarados monumentos históricos por el artículo 6º de la Ley No. 17.631, de 7 de mayo de 2003, a los efectos de crear el Parque Nacional Purificación.

Artículo 370.- Sustitúyese el artículo 20 del Decreto-Ley No. 10.382, de 13 de febrero de 1943, en la redacción dada por los artículos 1º del Decreto-Ley No. 14.197, de 17 de mayo de 1974 y 339 de la Ley No. 14.106, de 14 de marzo de 1973, por el siguiente:

“ARTÍCULO 20.- En propiedades linderas de todo camino público, cualquiera sea la categoría de suelo de que se trate, no se podrá levantar construcción de clase alguna dentro de una faja de quince metros de ancho a partir del límite de la propiedad privada con la faja de dominio público. Frente a las rutas nacionales, dicha faja tendrá un ancho de veinticinco metros, con excepción de las Rutas Nacionales primarias y corredores internacionales, frente a las cuales tendrá un ancho de cuarenta metros y de los “by pass” de centros poblados en que el ancho resultará de los estudios técnicos y por defecto será de cincuenta metros.

Los retiros fijados en el presente artículo no podrán reducirse aun cuando se recategoricen los suelos, en tales casos los instrumentos de ordenamiento territorial deberán prever el establecimiento de calzadas de servicios con un ancho no menor a los 15 metros y cuyas conexiones a las rutas nacionales serán autorizadas por la Dirección Nacional de Vialidad del Ministerio de Transporte y Obras Públicas.

Esta faja queda también sujeta a servidumbre de instalación y conservación de líneas telefónicas y de transporte y distribución de energía eléctrica. Esta servidumbre es de carácter gratuito, pero si su implantación causare perjuicios a la propiedad privada, esos perjuicios deberán ser indemnizados de acuerdo a derecho.-

En una zona de 400 metros de ancho medidos 200 metros a cada lado del eje de la faja de dominio público de las Rutas Nacionales de alto tránsito, no se podrán establecer centros educativos, deportivos o asistenciales sin autorización de la Dirección Nacional de Vialidad del Ministerio de Transporte y Obras Públicas.

En las Rutas 1, 9 y 200 y en aquellas que se declararen en el futuro de interés turístico se deberán mantener las zonas en condiciones decorosas, prohibiéndose el depósito de materiales, leña, escombros y similares, como asimismo, el estacionamiento de vehículos en reparación.
La limitación que prevé el primer inciso del presente artículo, no regirá con respecto a la colocación de publicidad debidamente autorizada.”

INCISO 14
MINISTERIO DE VIVIENDA, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y MEDIO AMBIENTE

Artículo 488.- Sustitúyese el artículo 53 de la Ley No. 18.308, de 18 de junio de 2008, por el siguiente:

“ARTÍCULO 53. (Reserva de suelo para vivienda de interés social).- En los sectores de suelo urbano o con el atributo de potencialmente transformable en que se desarrollen actuaciones de urbanización residencial, los instrumentos de ordenamiento territorial preverán viviendas de interés social de cualquiera de las categorías previstas en la Ley No. 13.728, de 17 de diciembre de 1968 y sus modificativas. El número de éstas se situará entre el 10% (diez por ciento) y el 30% (treinta por ciento) de las viviendas totales que se autoricen en el ámbito de actuación. El porcentaje mínimo será concretado por el instrumento atendiendo a las necesidades de viviendas de interés social y a las características de los diferentes desarrollos residenciales. Se podrá eximir de esta obligación a las actuaciones en las que no se incremente el número de viviendas existentes”.

Artículo 489.- Sustitúyese el artículo 69 de la Ley No. 18.308, de 18 de junio de 2008, por el siguiente:

“ARTÍCULO 69. (Facultad de policía territorial específica).- Las Intendencias Departamentales, en el marco de los poderes de policía territorial y de la edificación, deberán impedir, la ocupación, construcción, loteo, fraccionamiento y toda operación destinada a consagrar soluciones habitacionales, que implique la violación de la legislación vigente en la materia o los instrumentos de ordenamiento territorial, respecto de los inmuebles del dominio privado donde no pueda autorizarse la urbanización, fraccionamiento y edificación con destino habitacional.

Esta obligación regirá también para los casos que carezcan de permiso aunque se ubiquen en zonas donde pudiera llegar a expedirse dicha autorización.

Verificada la existencia de actividades que indiquen:

A) La subdivisión o construcción en lotes en zona donde no pueda autorizarse.

B) La subdivisión o la construcción no autorizada, o ante la constatación de la existencia en zona no habilitada para tal fin o sin previa autorización, de fraccionamiento, loteo y construcciones.

Cuando se trate de bienes inmuebles de propiedad privada la Intendencia Departamental deberá concurrir ante la sede judicial de turno, solicitando la inmediata detención de las obras y la demolición de las existentes.

Presentada la demanda, el Juez actuante, verificados los extremos imprescindibles, decretará la suspensión inmediata de las obras y la demolición de las existentes.

En caso de incumplimiento de la orden emanada de la medida cautelar o de la demanda principal por el término de cinco días corridos, el Juez dispondrá el ingreso al predio para proceder a la inmediata demolición de las construcciones levantadas en contra de la orden judicial, con cargo a la propiedad, siendo de aplicación, en lo pertinente lo dispuesto en el artículo 4º de la Ley No. 15.750, de 8 de julio de 1985, y toda otra legislación vigente”.

Artículo 490.- Los créditos presupuestales del Proyecto 704 “Rehabilitación y Consolidación Urbano Habitacional” del programa 521 “Programa de Rehabilitación y Consolidación Urbano Habitacional”, Financiación 1.1 “Rentas Generales”, pasarán a financiarse con Fuente de Financiamiento 1.5 “Fondo Nacional de Vivienda” y se incrementarán en el proyecto 717 “Nuevas soluciones urbano habitacionales” del mismo programa.

Artículo 491.- Las partidas presupuestales del Inciso 14 “Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente”, asignadas en la presente Ley al proyecto 950 “Plan Juntos”, unidad ejecutora 002 “Dirección Nacional de Vivienda”, programa 521 “Programa de Rehabilitación y Consolidación Urbano Habitacional” y las asignadas en el artículo anterior en el Proyecto 717 “Nuevas soluciones urbano habitacionales” de la misma unidad ejecutora y el mismo programa, serán adicionales a las partidas resultantes de la aplicación de lo dispuesto en el artículo 605 de la Ley No. 18.719, de 27 de diciembre de 2010.

Artículo 492.- Agrégase al artículo 18 de la Ley No. 18.795, de 17 de agosto de 2011, el siguiente inciso:
“Los edificios construidos por el Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente, en el marco de los programas de vivienda, se considerarán incorporados al régimen de propiedad horizontal, siempre que acrediten el cumplimiento de los literales A), B), C), D) y E) referidos en la norma”.

Artículo 493.- Agrégase al artículo 213 de la Ley No. 13.728, de 17 de diciembre de 1968, en la redacción dada por los artículos 4º de la Ley No. 16.237, de 2 de enero de 1992, y 445 de la Ley No. 16.736, de 5 de enero de 1996, el siguiente literal:

“D) Las enajenaciones otorgadas entre particulares en el marco de las relocalizaciones financiadas por el Fondo Nacional de Vivienda del Ministerio de Vivienda Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente, siempre que el precio se integre total o parcialmente con subsidio estatal”.

Artículo 494.- Sustitúyese el artículo 316 de la Ley No. 17.296, de 21 de febrero de 2001, por el siguiente:

“ARTÍCULO 316.- Exonérase del pago del impuesto a los servicios registrales establecido por el artículo 83 del Decreto-Ley No. 15.167, de 6 de agosto de 1981, en la redacción dada por el artículo 437 de la Ley No. 15.809, de 8 de abril de 1986, con la modificación introducida por el artículo 266 de la Ley No. 16.226, de 29 de octubre de 1991, a las operaciones realizadas por el Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente para la ejecución de sus programas de vivienda subsidiados y a los llamados asentamientos irregulares”.

Artículo 495.- Declárase que cuando el Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente disponga la rescisión administrativa de los contratos suscritos para la adquisición u ocupación de una vivienda por los beneficiarios de cualquiera de sus programas habitacionales, al amparo de los artículos 390 de la Ley No. 17.296, de 21 de febrero de 2001, en la redacción dada por los artículos 344 de la Ley No. 17.930, de 19 de diciembre de 2005 y 293 de la Ley No. 19.149, de 24 de octubre de 2013 y 345 de la Ley No. 17.930, de 19 de diciembre de 2005 y los bienes se encuentren gravados con hipoteca a su favor, la transferencia de la propiedad dispuesta se realizará libre de todo gravamen, por lo tanto el Registro de la Propiedad, Sección Inmobiliaria, procederá a la cancelación de la inscripción de la respectiva hipoteca.

Artículo 496.- Sustitúyese el artículo 6º de la Ley No. 18.795, de 17 de agosto de 2011, por el siguiente:

“ARTÍCULO 6º. (Incumplimiento).- En todos los casos, el Poder Ejecutivo deberá requerir las garantías que entienda pertinente para el efectivo cumplimiento por los beneficiarios de las obligaciones vinculadas al otorgamiento de beneficios tributarios.

En caso de incumplimiento podrá disponerse la reliquidación de los tributos, las multas y los recargos que puedan corresponder, o la imposición de multas a fijarse entre 2.600 UI (dos mil seiscientas unidades indexadas) y 1.300.000 UI (un millón trescientas mil unidades indexadas), en los términos que disponga la reglamentación.

La reglamentación establecerá los ámbitos de actuación de la Agencia Nacional de Vivienda y de los organismos recaudadores en las tareas de contralor del cumplimiento de las referidas obligaciones”.

Artículo 497.- En las escrituras de adjudicación judicial o compraventa de edificios en bloque, otorgadas por el Banco Hipotecario del Uruguay, para recuperar créditos o regularizar edificios, el Registro de la Propiedad, Sección Inmobiliaria, deberá proceder a su inscripción, prescindiendo del control de pago del tributo Contribución Inmobiliaria, siempre que el escribano autorizante de la adjudicación o compraventa judicial establezca en las constancias de la escritura que se realiza para la recuperación de un préstamo hipotecario o regularización del edificio.

Artículo 498.- Agrégase al artículo 18 de la Ley No. 18.795, de 17 de agosto de 2011, en la redacción dada por el artículo 297 de la Ley No. 19.149, de 24 de octubre de 2013, el siguiente literal:

“G) Los contratos de reglamento de copropiedad y de compraventa de una unidad y préstamo o crédito hipotecario para el nacimiento de la propiedad horizontal de la presente norma se consideran jurídicamente otorgados en forma simultánea”.

Artículo 499.- Todas las cuentas de caja de ahorro reajustable abiertas en el Banco Hipotecario del Uruguay con anterioridad al 30 de noviembre de 2010, actualmente nominadas en unidades indexadas, deben ser consideradas para todo efecto jurídico cuentas de ahorro previo para la vivienda.

Artículo 500.- Sustitúyense los literales F) y K) del artículo 18 de la Ley Nº 5.343, de 22 de octubre de 1915, en la redacción dada por el artículo 1º de la Ley No. 18.125, de 27 de abril de 2007 y por el artículo 371 de la Ley No. 19.149, de 24 de octubre de 2013, por los siguientes:

“F) Captar depósitos del público mediante el sistema de ahorro previo y mediante depósitos a plazo fijo en general siempre que el plazo contractual de estos últimos sea superior a un año, en moneda nacional, unidades indexadas o unidades reajustables.

El saldo total de depósitos a plazo fijo del público, no podrá exceder el 20% (veinte por ciento) del patrimonio contable al cierre del año anterior.

Para el cálculo del tope establecido precedentemente, no se computarán los certificados de depósito a plazo fijo, las obligaciones hipotecarias reajustables, las obligaciones negociables y cualquier otro valor negociable emitido por el Banco”.

“K) Contraer pasivos en otras instituciones financieras reguladas y controladas por el Banco Central del Uruguay.
El saldo total de depósitos de instituciones financieras, no podrá exceder el 20% (veinte por ciento) del patrimonio contable al cierre del año anterior.

Para el cálculo del tope establecido precedentemente, no se computarán los certificados de depósito a plazo fijo, las obligaciones hipotecarias reajustables, las obligaciones negociables y cualquier otro valor emitido por el Banco”.

Artículo 501.- Las suspensiones cautelares y las categorizaciones con carácter cautelar a las que refieren los artículos 24 y 30 de la Ley No. 18.308, de 18 de junio de 2008, deberán ser publicadas en el Diario Oficial.

Las suspensiones y categorizaciones cautelares adoptadas con anterioridad a la presente Ley, mantendrán vigencia siempre que las normas que las impusieron hubieran sido publicadas en el Diario Oficial o sean publicadas en el mismo, dentro de los noventa días de vigencia de la presente Ley.

Artículo 502.- Sustitúyese el artículo 47 de la Ley No. 18.308, de 18 de junio de 2008, por el siguiente:

“ARTÍCULO 47. (Garantía de sostenibilidad. Procedimiento ambiental de los instrumentos).- Los instrumentos de ordenamiento territorial establecerán una regulación ambientalmente sustentable, asumiendo como objetivo prioritario la conservación del ambiente, comprendiendo los recursos naturales y la biodiversidad, adoptando soluciones que garanticen la sostenibilidad.

Los instrumentos de ordenamiento territorial, a excepción de los del ámbito nacional, deberán contar con una Evaluación Ambiental Estratégica aprobada por el Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente a través de la Dirección Nacional de Medio Ambiente en la forma que establezca la reglamentación. El procedimiento ambiental se integrará en la elaboración del correspondiente instrumento”.

Artículo 503.- En todo fraccionamiento de predios comprendidos en la costa del Océano Atlántico y Río de la Plata, cualquiera sea la categoría del suelo de que se trate, pasará de pleno derecho al dominio público y quedará afectada al uso público, según dispone el Código de Aguas y sin perjuicio de otras limitaciones establecidas por Leyes especiales, una faja de 150 (ciento cincuenta) metros medida a partir de la línea superior de la ribera.

Cuando existieren a una distancia menor, rutas nacionales o ramblas costaneras de uso público, abiertas y pavimentadas, conforme a lo dispuesto por el artículo 393 de la Ley No. 17.296, de 21 de febrero de 2001, la faja a que refiere el inciso anterior se extenderá hasta dichas rutas o ramblas.

Se deberá dejar constancia de la referida cesión en el plano de fraccionamiento respectivo.

Esta disposición entrará en vigencia a partir de la fecha de promulgación de la presente Ley.

Pub. D.O. 30/12/2015

Seguinos en

  • Twitter
  • Youtube
  • RSS

Traductor

Dirección Nacional de Catastro

Ministerio de Economía y Finanzas
Rondeau 1437 - Teléfono: 2900 63 75 - 2900 08 03

Última Actualización: 23/06/2017